Peter Gøtzsche (Autor del libro “Medicamentos que matan y crimen organizado”)
Publicitar y vender medicamentos que nadie necesita es un negocio altamente lucrativo, especialmente cuando se trata de fármacos que actúan sobre las funciones cerebrales: la farmacéutica Roche promocionó el Valium (diazepam) para que fuera el medicamento más vendido en todo el mundo, a pesar de que muchas de sus indicaciones eran dudosas y su precio al por mayor era veinticinco veces más alto que el del oro. A principios de los setenta, Roche fue multada por los responsables antimonopolio europeos por su comportamiento anticompetitivo en la venta del Valium.
Tuvieron que pasar 27 años desde la publicación del primer informe sobre dependencia del fármaco para que los reguladores reconocieran claramente que los tranquilizantes son altamente adictivos, tanto como la heroína y otros estupefacientes. En mi opinión, el hecho de que algunos fármacos que afectan nuestro cerebro sean legales y otros ilegales resulta irrelevante desde la perspectiva ética, si lo que queremos es entender qué está haciendo con nosotros la industria farmacéutica. Otro motivo por el cual creo que esta distinción es irrelevante es que a la industria farmacéutica le da igual que sus acciones sean legales o no, tal como he apuntado con el uso generalizado de técnicas de marketing ilegales para indicaciones no contempladas.
Independientemente de que un fármaco que afecta al cerebro sea legal o ilegal, la cuestión es que en ambos casos se induce a los pacientes a consumirlo. Tras haber analizado al detalle la industria farmacéutica, John Braithwaite publicó sus impresiones en el libro Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry, donde afirma:
“Los que fomentan la dependencia de drogas ilegales, como la heroína, están considerados como parias carentes de escrúpulos en la civilización moderna. Pero los que incitan al consumo de drogas legales tienden a ser vistos como dispensadores altruistas de bien social.”
En los últimos años se han descrito en multitud de artículos casos graves de mala praxis de investigación y de fraudes promocionales cometidos por grandes farmacéuticas. A pesar de la abrumadora cantidad de casos publicados, la respuesta de las farmacéuticas es siempre la misma: una manzana podrida no estropea el resto.
Los delitos son tan habituales, variados y afectan a tanta gente que la conclusión inevitable es que si se siguen cometiendo es, simplemente, porque aún sale a cuenta cometerlos. Las empresas ven las multas como un gasto de marketing y continúan con sus actividades ilegales como si no hubiera pasado nada.
Es importante destacar que muchos de los delitos no hubieran podido llevarse a cabo si los médicos se hubieran negado a tomar parte en ellos. Los médicos son cómplices desde el momento que aceptan sobornos y participan en otros tipos de corrupción, con frecuencia relacionados con el marketing ilegal. Resulta curioso que puedan salir indemnes a pesar de enriquecerse por colaborar con las empresas farmacéuticas. Cuando se promociona un medicamento para alguna indicación no aprobada se desconocen la eficacia y los daños que puede provocar su uso, como por ejemplo si se receta a niños. Esta práctica, por lo tanto, ha sido descrita como el empleo a gran escala de ciudadanos como conejillos de Indias sin que ni siquiera hayan dado su consentimiento.
Incluso cuando el médico receta un medicamento para uno de sus usos aprobados, los delitos siguen teniendo consecuencias para los pacientes. Los médicos sólo tienen acceso a cierta información manipulada, por lo que su opinión sobre ciertos medicamentos es, indudablemente, que resultan más eficaces y seguros de lo que realmente son. Eso hace que tanto el marketing ilegal como el legal provoquen un aumento del exceso de medicación en la sociedad y un gran daño que puede ser fácilmente evitado.
Muchos de los delitos de corrupción se producen a gran escala, y un gran número de médicos reciben dinero a cambio de recetar medicamentos diez o incluso veinte veces más caros que otros ya existentes y que resultan igual o más eficaces que el nuevo. La Oficina del Inspector General del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales Estadounidense alertó de que todas las acciones relacionadas con el pago o la entrega de regalos a médicos que tienen como objetivo influir en los fármacos que recetan vulneran potencialmente las leyes federales antisoborno.
Crimen organizado
En 2004 y 2005, el Comité de Salud de la Casa de los Comunes del Reino Unido investigó a fondo la industria farmacéutica y descubrió que tiene una influencia desmesurada y totalmente fuera de control. Los miembros de dicho comité se encontraron, pues, con un sector que soborna e influye en las decisiones de los médicos, de las organizaciones de beneficencia, de las asociaciones de enfermos, e incluso de periodistas y políticos, cuyas regulaciones son en ocasiones permisivas o ambiguas. Además, cabe destacar que el Departamento de Sanidad británico no sólo es responsable del sistema sanitario público, sino que además se encarga de representar los intereses de la industria farmacéutica. El informe realizado por el comité evidenció que la reducción de la influencia de la industria farmacéutica iba a ser beneficiosa para todo el mundo, incluida la propia industria, ya que podría centrarse en el desarrollo de nuevos fármacos en lugar de corromper a los médicos, a las asociaciones de enfermos y a un largo etcétera. El informe concluye además que es preciso que sean los científicos quienes lleven las riendas de la industria, no los equipos de marketing; el comité también mostró su preocupación por la creciente medicalización de los pacientes o, lo que es lo mismo, la situación actual en la que parece que todo el mundo necesita tomar algún medicamento.
No obstante, cuando el informe del Comité de Sanidad vio la luz, el Gobierno británico no movió un solo dedo, probablemente porque la industria farmacéutica británica ocupa la tercera posición en la clasificación de las actividades empresariales más rentables, detrás del turismo y las finanzas. ¿Saben cuál fue la respuesta de los responsables gubernamentales después de que se les presentase tal cantidad de pruebas irrefutables sobre la influencia de ese sector tan nocivo para la sanidad pública como son las farmacéuticas? ¡Dijeron que no había ninguna prueba de tal influencia!
El Departamento de Sanidad británico se puso, pues, del lado de las farmacéuticas, haciendo hincapié en el superávit comercial de más de 3.000 millones de libras, y alegó que la información que los visitadores de las empresas farmacéuticas daban a los médicos era de calidad; de hecho, llegó incluso a defender el creciente número de recetas de antidepresivos. Estos supuestos excesos promocionales fueron refutados con el argumento de que ya existían — y funcionaban— los mecanismos adecuados. Es lo que Ben Goldacre llama «solución falsa» o «parche provisional» (fake fix en inglés). Se dan constantemente a la sociedad falsas confirmaciones de que los problemas ya se han resuelto.
Cuando se preguntó directamente si el departamento era consciente de que existía un conflicto fundamental entre el afán de las farmacéuticas de conseguir beneficios económicos y la responsabilidad de los Gobiernos de velar por la sanidad pública, la respuesta fue que la «relación de las partes interesadas» entre Gobierno e industria «conlleva muchos beneficios y muchos avances médicos […] que tienen un impacto enorme en los resultados de la sanidad».
Lo que nos faltaba por oír: con una actitud de negación total por parte de un Gobierno, es lógico que aparezcan los delitos que aparecen, y que se propaguen como la peste.
Un exvicepresidente de marketing internacional de Pfizer se convirtió en denunciante después de que la empresa desoyera sus quejas acerca de las campañas de marketing ilegal que organizaba. Él mismo tiene una opinión parecida a lo que he expuesto:
“Resulta escalofriante el hecho de que existan tantas similitudes entre la industria farmacéutica y la mafia. La mafia genera ingentes cantidades de dinero, igual que las farmacéuticas; los efectos colaterales del crimen organizado son los asesinatos y las muertes, los mismos que los de la industria farmacéutica; aún más, la mafia soborna a los políticos, entre otros, y eso también lo hace la industria farmacéutica […]. La diferencia entre ambas es que los representantes de las farmacéuticas creen (hasta en el 99% de los casos) que cumplen con las leyes, y se ven diferentes de quien atraca un banco […]. Sin embargo, en cuanto forman un grupo y están al cargo de grandes empresas, algo cambia […] y los ciudadanos honrados se transforman al incorporarse a una gran corporación. Sucede lo mismo que en las atrocidades que se cometen en una guerra: las personas hacen cosas que ni siquiera imaginaban que fueran capaces de hacer. Cuando formas parte de un grupo acabas haciendo cosas que no harías en otras circunstancias, porque el conjunto del grupo valida tus acciones como algo correcto”.
Los delitos que conllevan la muerte de miles de personas deberían ser vistos como un crimen contra la humanidad. El hecho de que las muertes las provoquen armas o comprimidos no debería hacernos abordar el problema de forma distinta, pero la verdad es que, hasta hace bien poco, existía cierta complacencia incluso con los delitos más letales. Es hora de que esto cambie.
Una de las respuestas más habituales de las farmacéuticas cuando estos escándalos aparecen en los medios de comunicación es la de alegar que las cosas han cambiado radicalmente desde el momento en que se cometió el delito. Pero eso es falso: de hecho, el número de delitos sigue aumentando. Según el grupo de investigación sanitaria, la organización estadounidense de defensa de los derechos de los consumidores, tres cuartas partes de los 165 acuerdos alcanzados entre 1991 y 2010 (que suman una cuantía total de 20.000 millones de dólares) se formalizaron entre 1996 y 2010. Una revisión posterior del estudio mostró que en sólo 21 meses, a partir de julio de 2012, se alcanzaron nuevos acuerdos por un valor de otros 10.000 millones de dólares.
Los casos de soborno son muy habituales y mueven grandes cantidades de dinero. Prácticamente todas las personas que puedan tener un impacto en la industria farmacéutica han sido objeto de soborno: médicos, directores de hospitales, ministros, inspectores de sanidad, aduaneros, asesores fiscales, registradores farmacéuticos, inspectores de fábricas, funcionarios encargados de la fijación de precios y partidos políticos. En América Latina el puesto de ministro de Sanidad es muy codiciado, ya que desde este cargo es muy fácil hacerse rico gracias a la industria farmacéutica.
¿Estamos hablando de una manzana podrida de vez en cuando, o por el contrario todas las del cesto lo están?. Por lo que vemos, se trata de crimen organizado, y todas las manzanas del cesto están podridas.
Observatorio de biopolitica 