Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.
La Fundación Ifarma hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales.
Las organizaciones sociales y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.
Observatorio de biopolitica 