Según datos del Ministerio de Sanidad, entre 2009 y 2014 el gasto en recetas en oficinas de farmacia (no incluye el gasto farmacéutico en los hospitales) disminuyó desde 13.415 millones de euros a 10.388 millones. Supone 3.027 millones menos. Esto se debió, en parte, a la mayor utilización de genéricos o a los precios de referencia. Pero sobre todo se ha debido a otras medidas que transfieren el gasto desde la Administración a los pacientes, lo que habitualmente se le llama “impuestos”, ahora se le llama «copagos», «desfinanciación» de medicamentos para «síntomas menores” y pérdida de la cobertura sanitaria de miles de personas.
Si vemos la evolución del gasto que realizan las personas de forma directa, de su bolsillo, al comprar los medicamentos, vemos que el gasto farmacéutico privado aumentó desde 4.273 millones de euros en 2009 a 6.547 millones en 2014, es decir, 2.274 millones más.
Del supuesto «ahorro» en gasto de medicamentos en farmacias, 2.274 millones se han transformado en un “impuesto a los pacientes” un gasto que se ha hecho, pero que, en vez de hacerlo la sanidad pública a través de los impuestos generales, se hace a través de un «impuesto» a los pacientes.
Por otro lado según el Barómetro Sanitario del Ministerio correspondiente a 2015, un 4% de la población no pudo comprar las medicinas que les recetaron sus médicos, lo que indica que la mayor parte del supuesto «ahorro» es porque los pacientes no pudieron pagar las recetas, aunque necesitaran los medicamentos.
Está comprobado que los copagos «disuaden» tanto al paciente que lo necesita como al que no. Por eso no es un buen método para corregir la demanda innecesaria. La educación y la participación activa son las maneras adecuadas de prevenir el consumo innecesario de medicamentos, así como disminuir la presión de los laboratorios sobre los médicos. El copago es una forma de «recaudar» injusta, que penaliza al paciente. Un impuesto sobre la enfermedad que «recauda» (es decir, hace pagar al enfermo directamente de su bolsillo) 2.274 millones de euros al año y que tiene como consecuencia que 1.850.000 personas no hayan podido comprar las medicinas que les recetaron sus médicos en 2015.
Mientras tanto se dejan evadir impuestos por valor de entre 60.000 y 80.000 millones al año, con un sistema fiscal ineficaz. Y mientras tanto, el presupuesto público paga cada año más de 100.000 millones por la carga del rescate de las entidades financieras españolas y europeas.
Podemos concluir que lo que se ha producido en los últimos años, consecuencias de las estrategias tomadas para dar respuesta a la situación económica, es un trasvase de rentas y derechos de los más débiles, de los enfermos, de las familias trabajadoras, de los pensionistas hacia los más enriquecidos (incluyendo a las entidades financieras españolas y europeas rescatadas).
Observatorio de biopolitica 