La industria farmacéutica demanda un margen de beneficio que no tiene ningún tipo de lógica
La fundación Salud por Derecho nació en 2003 para promover el acceso a la Sanidad en igualdad de condiciones en todas partes del mundo. Ha iniciado una campaña “No es sano”, para pedir un sistema global de protección de la salud que permita el acceso justo a medicamentos y prestaciones sanitarias
La directora de la fundación, Vanessa López, explica en la siguiente entrevista cuál es su postura en torno al acceso a los medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas de salud.
En España, todos los políticos dicen defender un sistema de salud gratuito, universal y sostenible, incluida la actual ministra. ¿Cree que se puede definir como tal el actual Sistema Nacional de Salud?
No es universal, desde el punto de vista de que hay personas que están en situación irregular respecto a su situación administrativa, emigrantes que no tienen un acceso normalizado a la sanidad. Ya no es universal, por más que se repita esa palabra. ¿Sostenible? Estamos viendo que el alto precio de los fármacos, sobre todo de aquellos que van enfocados a salvar vidas, a enfermedades como el cáncer, la hepatitis, o que sufren pacientes más minoritarios, está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud. En el momento en el que en torno a un 25% del presupuesto sanitario se lo lleva la compra de fármacos hay un problema importante.
Salud por Derecho es uno de los promotores de una carta dirigida a la ministra para que se reduzca el precio de los medicamentos innovadores “que salvan vidas”. ¿En qué medida estamos pagando de más por los nuevos medicamentos?
Hay un ejemplo que es muy gráfico, que es el fármaco para la hepatitis C, el famoso Sofosbuvir. Hay estudios publicados en revistas médicas en los que se muestra perfectamente que se puede producir por en torno a 100 o 200 dólares por paciente y en España, por ejemplo, según los datos que tenemos del Gobierno vasco, se está pagando 42000 euros por paciente. ¿Por qué son tan caros los medicamentos? Somos muchos los que decimos que un precio justo y razonable debería basarse en cubrir los costes reales de investigación y desarrollo de ese producto, más un margen de beneficio razonable, que en cualquier sector industrial está entre el 5 y el 20%, como mucho, no los márgenes a los que estamos acostumbrados con la industria farmacéutica, un 1000% o un 2000%. Eso no tiene ningún tipo de lógica.
¿Por qué pasa esto? Pasa porque los precios que se pagan finalmente por los fármacos en los hospitales nadie sabe cuáles son. Son opacos. Eso, obviamente, hace girar la rueda en la dirección de lo que estamos hablando. La otra causa es que todo el sistema de investigación y desarrollo de fármacos se basa en las patentes, en generar monopolios, donde la compañía que tiene el fármaco tiene la sartén por el mango y pone el precio que quiera. Y enfrente tiene un Gobierno que no está utilizando todas las herramientas que tiene para negociar. Y luego, finalmente, ¿por qué no conocemos los costes reales de I+D? No se pide a la industria farmacéutica que abra sus libros de contabilidad, que haya una trazabilidad sobre cuánto se ha invertido y quién ha invertido. Gran parte de la investigación que se hace para desarrollar un fármaco la pone el sector público. Todos esos datos no existen. Y cuando la industria saca sus datos, de cuáles son los costes, son cifras astronómicas que cada vez están más rebatidas por muchas investigaciones y por múltiples expertos.
Cuando se habla de estos temas siempre se acaba culpando a la industria. ¿Tan mala es?
A nosotros no nos gusta poner la etiqueta de que la industria es el malo de la película. Primero porque no es lo mismo una gran compañía farmacéutica conducida únicamente por los intereses de los accionistas a pequeñas empresas biotecnológicas. Las reglas del juego son muy diferentes. Pero aparte de la variabilidad que hay, las compañías se mueven en el ecosistema que el sector público, el Gobierno y la Unión Europea, han creado. Así que los responsables de esta problemática son los gobiernos. Y por ello es a los que apelamos, por la responsabilidad que tienen de gobernar en pro del interés público. Hay muchos actores que de una manera directa o indirecta se benefician de este sistema, pero es un mecanismo que falla de forma estrepitosa para el avance científico, para hacer un buen uso de las inversiones públicas y para el paciente. Quién gana fundamentalmente es la industria farmacéutica, sobre todo, y algunos, muy pocos, investigadores o médicos. Pero la industria, que es un actor fundamental, se mueve en aquellos márgenes que los gobiernos marcan, por eso nos dirigimos a ellos.
¿Cuál cree sería el primer paso que habría que dar para cambiar este sistema que considera injusto?
El primer paso es la transparencia, que es una medida higiénica en el sistema, y tendría que ser una de las principales medidas que hay que poner sobre la mesa, en los aspectos a los que me refería antes: costes reales, cuánto se invierte, trazabilidad de esas inversiones, quién ha puesto realmente el dinero para desarrollar este fármaco… Mucha gente puede decir que en España no somos desarrolladores de muchos fármacos relevantes, pero es mejor estar prevenidos: hay ciertas investigaciones que se están desarrollando en España que pueden obtener resultados relevantes. Pongamos medios para que no nos encontremos con un nuevo Sofosbuvir, que ya sabemos lo que ha pasado. Al tema de la transparencia ya se le puede hincar el diente. Y luego, también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Comisión Interministerial de Precios. Hay un conflicto de intereses tremendo y nos parece que las medidas que están siendo promovidas por parte de la industria a la hora de fijar precios son nefastas. Los contratos de riesgo compartido o el precio según valor no están pensados para bajar de forma drástica los precios elevados e injustos de medicamentos para el cáncer o la hepatitis, sino todo lo contrario. Nosotros creemos que hay que cambiar absolutamente la manera en que se construye el precio, y tiene que partir de los costes reales de I+D, que hace falta saber cuáles son. Y hay fórmulas para saberlo. Hay metodología. Con esto se puede negociar un margen de beneficio razonable. ¿Qué no se quiere? Bueno, España puede utilizar licencias obligatorias para, si no hay una negociación hacia un precio que tenga sentido, producir los fármacos como genéricos.“Los acuerdos de riesgo compartido son una iniciativa nefasta”.
De un tiempo a esta parte la industria farmacéutica ha insistido en avanzar en la transparencia y en las buenas prácticas, haciendo públicas las transferencias de valor a médicos y sociedades científicas. ¿No es un paso loable?
Creo que no son transformaciones profundas, no son las transformaciones que el sistema necesita ni las que se están pidiendo por parte de organizaciones como la nuestra, expertos o incluso el Parlamento Europeo, que se está posicionando al respecto. No es suficiente y todo el mundo lo sabe. ¿Un código de buenas prácticas? Está bien que los sectores den pasos, pero sabemos que no es suficiente. Tiene que haber reformas y medidas claras para que estas cuestiones de las que hablaba antes se despejen y hasta ahora no he visto que la industria farmacéutica incorpore estos indicadores en sus iniciativas de transparencia.
Muchos centros de investigación, también en España, consideran la colaboración con la industria necesaria para llevar a cabo el desarrollo de fármacos, pues es necesaria su financiación. ¿Cree que es cierto?
El problema es muy complejo. Se dan varias circunstancias. Pensamos que todavía España está muy rezagada en lo que son las inversiones públicas en investigación, que hay que aumentar, pero lo que decimos también es que esas inversiones tienen que ir acompañadas de un cambio en las reglas del juego. Y las reglas del juego son estas a las que me estoy refiriendo. Pensamos que la colaboración con la industria u otros actores es positiva, porque al final la ciencia avanza por las colaboraciones. El problema surge cuando las reglas las pone la compañía farmacéutica y el investigador o el centro de investigación no tiene capacidad de negociación ni de sentar unas reglas del juego que sean razonables. Lo que no tiene sentido es que el investigador de turno que conduce un ensayo clínico se vea obligado a que no pueda bajo ningún concepto compartir los datos del estudio porque el financiador, la compañía para la que hace el ensayo, así lo obliga. Eso no puede ser. Esa problemática claro que se puede cambiar, pero hay que querer cambiarla.
¿Podemos aprender algo de todo lo que ha ocurrido con la hepatitis C? Se consiguió que el Sofosbuvir se acabara financiando, al menos para un importante grupo de pacientes, pero ¿cree que otros colectivos van a lograr lo mismo?
Todo el movimiento de pacientes de hepatitis C nos pareció fundamental y ha puesto este tema en la agenda política de una manera muy clara y que ha ayudado a que gran parte de la agenda que entidades como la nuestra llevábamos irrumpiera en la escena pública. Pero hay algo muy interesante en todo lo que pasó. Inicialmente tanto los pacientes como los políticos cuando escuchaban la problemática e intentaban enfrentarla hablaban del presupuesto, que no había dinero para financiar esto. Pero rápidamente los pacientes tomaron conciencia de que el problema era el precio, no el presupuesto y entonces la reivindicaciones se centraron en decir que el precio es injusto, y es injusto todo lo que está pasando con el sistema de financiación, que no funciona. Creo que poco a poco este colectivo de pacientes ha ido incorporando la problemática que está pasando y que va a volver a pasar con otras enfermedades, como es por ejemplo el cáncer. Creo que cuando empiece a darse esa problemática de una manera más acusada, porque va a pasar, entenderemos que esto no es una cuestión únicamente de que el Gobierno de turno no quiera poner dinero. Los presupuestos son finitos. No se trata de poner el dinero que haga falta, sino de negociar un precio que tenga sentido para que todo el mundo que lo necesite pueda acceder a los fármacos.
Existe una polémica reciente en torno al precio de las vacunas. Las grandes farmacéuticas dicen que garantizan el acceso de los países más empobrecidos a estas mediante donaciones. ¿Qué opina de este sistema?
Evidentemente el acceso a los medicamentos es parte del derecho a la salud y no puede depender de donaciones de la industria farmacéutica ni de nadie, tiene que formar parte de un sistema normalizado, en el que, ya sean los gobiernos u organismos internacionales como la Global Alliance for Vaccines and Immunisation (Gavi), puedan comprar las vacunas y distribuirlas en campañas de vacunación. La cuestión, de nuevo, es el precio, que ha crecido de forma exponencial para dolencias que son clave en países empobrecidos. Y es curioso, porque esta circunstancia se da en un periodo de creación y puesta en marcha de Gavi. ¿Cómo es posible que en el momento en que surge esta alianza el precio de las vacunas se multiplica? No tiene ningún tipo de sentido. Ahí pasan varias cosas. Ahora parece que hay algunos elementos que van cambiando, pero había un problema de conflicto de intereses en la junta directiva de Gavi porque la industria farmacéutica tenía un asiento ahí. Es una barbaridad. Y segundo, este tipo de organizaciones, que nosotros apoyamos siempre que funcionen bien, lo que vienen a hacer es incrementar la demanda posible y eso no va a acompañado de una bajada de precios, cuando el volumen de compra es mayor, sino que va al revés. Al final, de nuevo, solo gana la industria farmacéutica. Y esto es fundamental, porque si el precio de las vacunas es elevado en vez de vacunar a 5 millones de pacientes se vacuna a dos. Esto se supone que pasa por que los recursos son finitos, pero son finitos porque los precios son muy elevados.
¿Le preocupa que el escenario vaya a peor con los recientes cambios en los gobiernos de EEUU o Reino Unido?
Sí, nos preocupa muchísimo. Trump, el Brexit y cómo Europa está respondiendo a la crisis de los refugiados denota un menor compromiso con los asuntos globales, un menor compromiso por hacer una arquitectura internacional de gobernanza de la salud. Eso se está viendo. Y en España la muestra es el repliegue de las políticas de cooperación para el desarrollo, la escasísima presencia que tiene en los foros de decisión de salud global, y vemos también, y nos preocupa mucho, que el derecho a la salud se está dejando caer más en manos del mercado.
Hay mucha gente que piensa que, en general, los sistemas sanitarios no van a ser sostenibles si no se cuenta con la colaboración privada. ¿No está de acuerdo?
Lo que nosotros pensamos por principio es que las colaboraciones con el sector privado y con otros actores son muy positivas, aunque depende de para qué. Pero hay muchas evidencias que muestran que es mucho más eficiente un sistema público como el que hemos conocido en España, bien gestionado y eficiente, que otros modelos como el inglés, que son más costosos y no aseguran la equidad ni la eficacia y los resultados en salud empeoran. Hablando de Trump, podemos ver el modelo de EEUU, que es el más ineficiente, costoso, poco equitativo y con menor cobertura que te puedes encontrar. Por tanto creo que hay muchas evidencias que nos dicen que la forma más eficiente de asegurar la cobertura universal son los sistemas públicos de salud.
Acabar con el sida es una de las grandes preocupaciones de su organización. Parece que nos hemos olvidado del impacto de esta enfermedad, aunque ni de lejos ha desaparecido.
Efectivamente, el VIH es una de las grandes pandemias que sigue haciendo estragos a millones de personas en todo el mundo y sobre todo en los países empobrecidos. Desde hace tiempo se habla de que el acceso a medicamentos que son muy efectivos, sobre todo en los países más ricos, ha hecho que se baje la guardia y mucha gente perciba que ya no hay un problema y que es casi una enfermedad crónica. Pero claro, nos olvidamos de que todavía hay más de un 40% de las personas con VIH en todo el mundo, la mayoría en los países pobres, que no tiene acceso. Esta realidad no nos toca, no la vemos. Nos parece fundamental que los países sigan poniendo esta problemática en los primeros puestos de las prioridades en salud global y nos preocupa mucho cómo la inversión global, que en los últimos tres o cuatro años estaba estancada, está bajando.
El objetivo que se ha planteado la ONU es acabar con el sida como un problema de salud pública para 2030 y para eso hace falta en torno a 3.000 millones de euros anuales. Los países pobres y de renta media cada vez han ido ocupándose del coste, de la atención de programas de tratamiento, pero siguen necesitando que los países ricos pongamos nuestra parte, y España desde el 2011 aporta un euro al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida Tuberculosos y Malaria. España fue un país muy importante en esta lucha, entendió que era nuestro deber estar ahí, y fue entorno al cuarto o quinto donante. Estamos trabajando para que a partir de este año España pueda hacer un compromiso de 100 millones de euros para el fondo mundial en los próximos tres años. Hay un consenso de todos los grupos políticos para que esto pase, ha habido varias proposiciones no de ley en el parlamento. El Gobierno en nuestras conversaciones se muestra a favor de esto, nos aseguran que van a incluir en los presupuestos de 2017 una partida de 30 millones para iniciar este nuevo camino. Esperemos que así sea.
Observatorio de biopolitica 