La industria farmacéutica gasta el doble en publicidad que en investigación (el 24,4% en publicidad frente al 13,4% en investigación)
El gasto de las farmacéuticas en la formación de médicos es publicidad. Hablamos de cursos patrocinados; pago de inscripciones a congresos, viajes, hoteles y comidas; el “alquiler” de expertos para que actúen de `advisors´ o como conferenciantes para “vender” productos a los colegas; la financiación de sociedades científicas y de pacientes; el patrocinio de congresos; la compra de publicidad, números especiales y separatas de artículos en las revistas científicas; ensayos clínicos comerciales…
Todas son iniciativas que tienen una finalidad primera publicitaria y que han demostrado sobradamente su capacidad para influir en toda la cadena del conocimiento biomédico: generación, difusión, síntesis y aplicación. La industria está tan preocupada por la formación de los médicos como Nike por la salud cardiovascular de los deportistas.
Por eso, la industria farmacéutica gasta el doble en publicidad que en investigación (24,4% frente al 13,4%); porque su negocio es ganar dinero, lo cual es perfectamente legítimo. Pero la apuesta de la industria por un modelo de negocio basado en la publicidad está teniendo consecuencias graves para la medicina: se está desperdiciando el 85% de todos los recursos destinados a investigación biomédica en mala ciencia; menos del 10% de todos los nuevos medicamentos introducidos en el mercado en las últimas décadas son realmente innovadores, y la capacidad de influencia de la industria ha puesto en evidencia los sistemas de gobernanza de agencias reguladoras e instituciones académicas y profesionales, generando lo que la Universidad de Harvard denomina una “institutional corruption” y que la organización NoGracias ha traducido como “deriva institucional”.
No todas las interacciones con la industria son negativas. Pero la imposibilidad para “separar el grano de la paja” en el actual contexto español -desregulado, opaco y permisivo- obliga a considerar que todas las relaciones tienen alto riesgo de sesgo, a no dejar que sean las propias farmacéuticas quienes decidan qué es o no es formación, y a instrumentar mecanismos serios de salvaguarda que impidan que este modelo de negocio basado en la publicidad siga haciendo daño a la medicina.
La capacidad de influencia de la industria ha puesto en evidencia los sistemas de gobernanza de agencias reguladoras e instituciones académicas y profesionales
En efecto, en España estamos muy lejos de un marco que garantice el buen gobierno del conocimiento biomédico. La legislación es claramente insuficiente y la autoregulación de la industria una campaña de imagen y estrategia de captura de políticas; hay una elevada penetración de las farmacéuticas en la inmensa mayoría de las sociedades científicas españolas, que son generalmente organizaciones opacas, con una mínima rendición de cuentas y transparencia, lejos de los estándares que se exigen en otros países o, en España, a otras instituciones con actividad pública; las farmacéuticas tienen casi el monopolio de cursos y actividades docentes, organizados sin ningún sistema que garantice su independencia (como sí pasa en EE.UU), y son las principales financiadoras de unos populares congresos médicos muy criticados en sus actuales formatos; los contactos comerciales con los profesionales son prevalentes, repetidos e intensos, incluyendo a residentes y estudiantes; mientras, los médicos mantienen una mínima conciencia de la capacidad de la industria para sesgar sus decisiones.
Es en este contexto donde surge la proposición no de ley de Ciudadanos, aprobada en la Comisión de Sanidad del Congreso gracias a los votos del PP, Nueva Canarias y la abstención de Esquerra Republicana, y que pretende que el Ejecutivo no considere como retribuciones las “transferencias de valor” que las farmacéuticas hacen a los profesionales sanitarios bajo el autodefinido epígrafe de «formación». En 2015, 119 millones de euros. En un solo movimiento las farmacéuticas han conseguido trasladar a los médicos, gracias a los desinformados “políticos amigos”, el problema que tienen con los fondos que dedican a publicidad y que han tenido que hacer transparentes por su autoimpuesto código ético (el único beneficio visible que le veo).
Las farmacéuticas tienen casi el monopolio de cursos y actividades docentes, organizados sin ningún sistema que garantice su independencia
Hoy en día es simplemente anticientífico legitimar políticamente un discurso que defiende que estas actividades publicitarias son formativas. Ningún estudio ha demostrado que los contactos de los médicos con la industria en sus diferentes formatos “formativos”, tengan efectos beneficiosos; más bien, todo lo contrario. Los fondos que la industria etiqueta como formación son publicidad y debe tributar por ellos como hace cualquier otra empresa. En mi opinión, hay que ir más allá y atender las demandas de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que en 2015 solicitaba “introducir un impuesto obligatorio sobre las actividades de promoción de la industria farmacéutica que sea utilizado, entre otras cosas, para financiar un fondo público destinado a la formación independiente de los profesionales de la salud”.
La industria y sus políticos amigos han planteado un falso debate. El verdadero está en cómo articular un sistema que proteja el conocimiento biomédico y no en cómo legitimar el sesgo. Mi propuesta es que la industria tribute fuertemente por su inversión en publicidad (porque hace daño, como el marketing del tabaco) y sean las organizaciones sanitarias públicas, quienes reciban los fondos así recaudados para gestionar la formación continuada de sus profesionales con criterios de transparencia, independencia e interés público.
El procedimiento para que aquellas sociedades científicas que demuestren contar con sistemas de buen gobierno accedan a parte de estos fondos sería semejante al utilizado en investigación: convocatorias competitivas, con descriptores estratégicos, dependiendo de las necesidades del sistema, y obligación estricta de rendición de cuentas y transparencia. Los fondos recibidos por los profesionales por estas vías no tributan. Los médicos que decidan seguir beneficiándose directamente de las “transferencias de valor” de la industria deberán declararlas, tributar y ser apartados, por sus conflictos de interés, de cualquier comisión clínica asesora u órgano de decisión con trascendencia pública o profesional.
AUTOR: Abel Novoa
Observatorio de biopolitica 